Estimó que la medida es perfectamente proporcional, porque existe estricto equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio y los intereses constitucionales del Ministerio Público en su labor de investigación del delito y de brindar tutela a la sociedad en la investigación y sanción por delitos contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional.