En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas.