El proyecto de ley, conocido como HR29, lleva el nombre de Laken Riley, una ciudadana que fue asesinada en Georgia, en 2024. El autor del delito fue un inmigrante venezolano que había ingresado al país sin documentación legal y tenía antecedentes por hurto en tiendas. El caso fue citado como justificación para la propuesta de ley por parte de sus promotores.
El acusado intentó anular la condena argumentando que los agentes policiales no actuaron frente a un delito flagrante, pues la detención del encartado se produjo por investigaciones autónomas no autorizadas por la justicia durante la etapa de “agotamiento” del delito de robo; idea que fue desechada por el máximo Tribunal, al observar que el acusado no controvirtió el hecho de poseer un bien encargado por robo días atrás.
La sentencia impugnada es excesivamente abierta, débil o indeterminada, por lo que no puede servir para dictar una sentencia condenatoria. Por lo expuesto, hemos de estimar el recurso de apelación y debemos revocar el fallo apelado, en el sentido de absolver al apelante del delito de robo con fuerza en las cosas por el que había sido acusado y condenado en este procedimiento.
Considera como una agravante el uso de explosivos y vehículos motorizados para cometer este tipo de delitos e incluye la figura penal de robo de equipos móviles, informáticos u otros similares. De igual manera, sanciona la receptación y el encubrimiento de los aparatos robados.
Los servicios complementarios de seguridad brindados por un establecimiento comercial constituyen mecanismos empleados por los proveedores con el objeto de reducir el riesgo de que las pertenencias de los consumidores sean sustraídas o de cautelar la vigilancia de sus propios bienes; no obstante, el empleo de dicho mecanismo no obliga a los proveedores a responder por cualquier hecho que acontezca dentro de su establecimiento.
La decisión fue tomada a raíz de la ola de robos que ha afectado a los vehículos de estas marcas, un hecho que las autoridades atribuyen a fallas en sus sistemas de seguridad. Se acusa a los fabricantes de no instalar inmovilizadores de motor para reducir costos.
La aplicación de este principio depende de la presencia acumulativa de cuatro requisitos: la mínima ofensa de la conducta del agente; la falta de peligro social de la acción; el bajísimo grado de desaprobación de la conducta; y la inexpresividad del daño jurídico causado.
La prisión domiciliaria busca proteger no sólo a la mujer por su estado de gravidez y su mayor vulnerabilidad, que en este caso además estaría agravado por la privación de libertad, sino, también, al interés superior del niño por nacer, que evidentemente se encuentra afectado por la situación de su progenitora.
