La aplicación de este principio depende de la presencia acumulativa de cuatro requisitos: la mínima ofensa de la conducta del agente; la falta de peligro social de la acción; el bajísimo grado de desaprobación de la conducta; y la inexpresividad del daño jurídico causado.

La prisión domiciliaria busca proteger no sólo a la mujer por su estado de gravidez y su mayor vulnerabilidad, que en este caso además estaría agravado por la privación de libertad, sino, también, al interés superior del niño por nacer, que evidentemente se encuentra afectado por la situación de su progenitora.