La cuestión jurídica planteada dice relación con la extensión de la inmunidad que protege a un presidente en funciones frente a procesos penales, si puede extenderse a un presidente electo durante el período de transición. El tribunal de primera instancia rechazó esta interpretación, argumentando que la inmunidad presidencial no aplica fuera del ejercicio formal del cargo.
Los Estados están dispensados de responder ante un organismo internacional por sus actos antes de haber tenido la oportunidad de arreglar los asuntos a través de su propio sistema legal. En el presente caso, el demandante no agotó los recursos internos.
Netanyahu ha rechazado categóricamente las acusaciones, presentándolas como parte de una «caza de brujas» políticamente motivada por sus rivales y los medios de comunicación para desplazarlo del poder. Desde que el juicio comenzó en mayo de 2020, ha enfrentado continuos retrasos debido a disputas legales y la pandemia de Covid-19.
Las empresas demandantes, al estar bien familiarizadas con el comercio del petróleo y tener experiencia en transacciones internacionales a gran escala, deberían haber actuado con mayor cautela al evaluar los riesgos cuando decidieron realizar transacciones para la compra de petróleo iraquí pudiendo recurrir, en caso necesario, al asesoramiento jurídico adecuado del que disponían fácilmente.
La autoridad habría recibido millonarios pagos de un empresario ucraniano residente en Francia, que buscaba obtener un resultado favorable en un litigio judicial. Las investigaciones siguen en curso, pues se sospecha que el caso esconde un intrincado esquema de corrupción.
El ex mandatario habría recibido sobornos de la empresa china que se adjudicó el contrato de construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. Junto a él también serán formalizados miembros cercanos de su familia.
