Las deficiencias del caso demostraron un flagrante incumplimiento del deber de investigar las graves denuncias de trata de seres humanos, un delito con consecuencias devastadoras para sus víctimas, por lo que se había producido una violación del artículo 4 (aspecto procesal) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.
Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.
Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.
