La demandante acusa que el ex mandatario la violó en los probadores de una lujosa tienda tras pasear juntos en la ciudad de Nueva York. Posteriormente escribió un libro para denunciar los hechos, por lo cual Trump acusó a la mujer de difundir falsedades y de querer enriquecerse a costa de él. A causa de estos dichos fue demandado por difamación.

El caso afecta a una menor de 11 años que fue violada en repetidas ocasiones por tres hombres. A causa de estos abusos dio a luz a un niño. Las bajas penas impuestas a los hechores han provocado un debate sobre la protección de la infancia en la sociedad marroquí.

La omisión evidente en la observancia de un derecho tan elemental como el uso del propio idioma dentro de lo que debería representar una defensa adecuada, invalida lo actuado en el proceso penal.

A pesar de no estar explícitamente reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho a la libertad bajo fianza debe interpretarse de manera amplia para incluir el derecho a ser informado de ella y el derecho a la asistencia letrada.

Las autoridades judiciales accionadas respondieron las pretensiones de los sujetos procesales, con base en los elementos de convicción actuados dentro del proceso. Además, dentro del marco de sus competencias, respetaron el principio de debida diligencia al tomar en consideración para su análisis las condiciones particulares de la presunta víctima y la naturaleza del delito.

El delito de trato degradante difiere del delito de agresión sexual, ya que el primero protege la integridad moral, que tiene autonomía propia independiente y distinto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al honor.

Los registros audiovisuales tuvieron graves defectos que afectaron la posibilidad de fundar adecuadamente un recurso efectivo contra la sentencia condenatoria.

El delito de violación se configura aún cuando la penetración sea leve o breve.

La Segunda Sala señaló que ha logrado formarse la convicción de concurrir, en la especie, la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84 de la LOCTC, esto es, carecer de fundamento razonable.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación del Ministerio Público, que pretendía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva del policía.