La iniciativa busca profundizar la respuesta penal frente a los delitos cometidos contra mascotas debido a su valor y lo significativo que pueden ser, además de proteger la salud pública.
La iniciativa se funda en la necesidad de aumentar la capacidad de fiscalización y persecución ante ilícitos contra la libre competencia.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó una nueva redacción del proyecto que sanciona el stealthing, donde se incorporan conceptos ya existentes en la legislación.
En la especie, la condición se verificó cuando la demandante interpuso las respectivas querellas criminales.
La Comisión respaldó la iniciativa, ahora enviada a la Sala, que también inhabilita para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años a quienes comentan estos delitos.
Durante el juicio, la denunciante relató que después de su reacción ante el tocamiento se originó un «ambiente de burla» hacia ella, por lo que se sintió «humillada y vejada».
El Tribunal aplicó, además, a Parra Hidalgo las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales y el pago de una multa de 30 UTM.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación del Ministerio Público, que pretendía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva del policía.
El máximo Tribunal estableció infracción de ley al utilizar un agente revelador para contactar a los recurrentes mediante una red social, autorización que correspondía a causa diversa.
Tales circunstancias, en conjunto, de carácter objetivo y verificables, dan cuenta de un indicio que posee la fuerza y coherencia necesaria para facultar a los agentes policiales a efectuar un control de identidad.
