El próximo martes 21 de enero, la Comisión de Defensa revisará y votará las últimas normas del proyecto que perfecciona el Sistema de Inteligencia del Estado. La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la formación de agentes y optimizar la coordinación frente a amenazas como el crimen organizado y delitos económicos.
La moción, que recibirá indicaciones hasta el lunes 18 del presente, busca dotar a las policías de mayor tiempo para poner al infractor a disposición de la justicia. La Sala acordó que en particular, el texto sea analizado por la Comisión de Constitución.
La Comisión de Seguridad Ciudadana sigue aprobando el articulado de la iniciativa que separa las funciones del Ministerio del Interior en dos carteras, concentrándose la nueva instancia ministerial en el ámbito de la seguridad pública.
La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó, por mayoría de votos, la propuesta de diputados RN y UDI para fijar en las funciones del nuevo órgano la elaboración de una estrategia nacional contra el terrorismo.
La migración irregular disminuyó un 23%; se concretaron 920 expulsiones de personas de nacionalidad extranjera y 14 mausoleos narco fueron demolidos para recuperar los espacios públicos.
El máximo tribunal valora la iniciativa, pero evalúa negativamente las modificaciones que se pretenden introducir al ampliar el mecanismo de procedimientos abreviados, lo que puede transformar al sistema de justicia en uno en el que prime la negociación de las condenas.
La iniciativa busca endurecer las sanciones relacionadas con la utilización de menores en la comisión de delitos y responsabilizar a los adultos que participen en estos actos, para lo cual modifica el artículo 72 del Código Penal en busca de crear un marco legal más sólido que desincentive la involucración de menores en actividades criminales y promueva la protección de los derechos y la seguridad de los niños y adolescentes en el país.
La iniciativa busca tipificar de manera clara y precisa esta modalidad delictiva, reconociendo su gravedad y el impacto que tiene en la seguridad y bienestar de la población. Entre las principales medidas que contempla se encuentra la inclusión de agravantes y penas accesorias, incluso la inhabilitación perpetua para obtener una licencia de conducir, para aquellos que cometan robos en motocicleta o bicimoto de manera violenta o sorpresiva.
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto que entrega esta facultad también al Ministerio Público. La idea es otorgar a estas instituciones una herramienta eficaz y efectiva para fortalecer la investigación de delitos.
Sin una limitación de tiempo, a diferencia de los condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, para que quede de manifiesto en nuestra legislación la gravedad de los actos de corrupción, de atentar contra los recursos fiscales y contribuir así a establecer sanciones ejemplares en ese sentido.
La iniciativa explicita el rol de la PDI en la investigación de delitos y del crimen organizado, y el deber de controlar el ingreso y egreso al país.
