La iniciativa se promueve a partir del caso de una joven brutalmente asesinada cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen. Se propone castigar al hechor funcionario público que divulgue imágenes de mujeres y menores de edad asesinados con una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular a 18 años, además del pago de una multa de 9.000 dólares.