El informe concluye que la corrupción tiene repercusiones en el desarrollo económico, el ejercicio de los derechos fundamentales y el funcionamiento de los sistemas democráticos. En este contexto, el presidente de Transparencia Internacional ha instado a los gobiernos a integrar medidas anticorrupción en sus políticas públicas con el fin de fortalecer la gobernanza y la integridad institucional.
Los Estados están dispensados de responder ante un organismo internacional por sus actos antes de haber tenido la oportunidad de arreglar los asuntos a través de su propio sistema legal. En el presente caso, el demandante no agotó los recursos internos.
El caso en cuestión involucra acusaciones de que Kejriwal participó en una estafa relacionada con la Política de Impuestos Especiales 2021-22 del gobierno de Delhi, liderado por el Partido Aam Aadmi (AAP). Fue acusado formalmente de lavado de dinero y arrestado el 22 de marzo de 2024.
Ninguna disposición del Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros, con carácter general, a garantizar a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales el derecho a impugnar cualquier incompatibilidad con el Derecho de la Unión de una medida nacional relacionada con el estatuto de los jueces.
Estimó que la medida es perfectamente proporcional, porque existe estricto equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio y los intereses constitucionales del Ministerio Público en su labor de investigación del delito y de brindar tutela a la sociedad en la investigación y sanción por delitos contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional.
Los efectos negativos que la terminación del mandato había tenido en sus vidas privadas no cruzaron el umbral de gravedad necesario para aplicar el artículo 8 del Convenio. No hubo ningún impacto significativo en sus ingresos ni se cuestionó su desempeño profesional.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.
El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.
Busca modernizar los sistemas públicos de información, necesarios para garantizar una adecuada fiscalización de los funcionarios públicos y las empresas que contratan con el Estado, las cuales deberán integrar una “lista de integridad empresarial”.
Las propuestas buscan armonizar la tipificación de los delitos de corrupción en toda la Unión Europea, así como las sanciones previstas para estos ilícitos. Del mismo modo, prevén ampliar el catálogo de estos ilícitos y aumentar sus penas. Se espera que esta integración tenga alcances mundiales.
En poco más de dos semanas volverá a ser juzgado por otras acusaciones.
