El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.

Busca modernizar los sistemas públicos de información, necesarios para garantizar una adecuada fiscalización de los funcionarios públicos y las empresas que contratan con el Estado, las cuales deberán integrar una “lista de integridad empresarial”.

Las propuestas buscan armonizar la tipificación de los delitos de corrupción en toda la Unión Europea, así como las sanciones previstas para estos ilícitos. Del mismo modo, prevén ampliar el catálogo de estos ilícitos y aumentar sus penas. Se espera que esta integración tenga alcances mundiales.

En poco más de dos semanas volverá a ser juzgado por otras acusaciones.