En esa misma línea, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda hecha contra el Poder Ejecutivo por no haber observado esta ley que prescribe delitos de lesa humanidad.

La determinación de autorizar o no a un procesado para ausentarse del territorio nacional corresponde únicamente al juez que conozca o haya conocido de la causa, quien tiene la facultad privativa de verificar si concurren o no las exigencias previstas para su procedencia, previa evaluación de los antecedentes que se ponen a su disposición

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, la irretroactividad de la ley penal y el principio indubio pro reo, desde que, con ocasión de que a partir del 1 de julio de 2007, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, el delito por el que fue condenado, no se encuentra prescrito, a pesar del tiempo que ha transcurrido. Además, de manera arbitraria no fue sometido a un juez imparcial y ha sido juzgado conforme a un procedimiento carente de garantías procesales mínimas, que si se le reconocen a los que se juzga de acuerdo al nuevo proceso penal.

La solicitud busca ampliar la extradición concedida por la República de Argentina para juzgar al acusado por delitos que no fueron incluidos en la petición inicial. Actualmente, el acusado cumple condenas de presidio perpetuo en Punta Peuco por su participación en el homicidio de Tucapel Jiménez y Juan Alegría Mondaca.

El condenado y sus subalternos asesinaron a tiros a tres detenidos mientras eran trasladados desde la ciudad de Calama hacia Antofagasta, dejando sus cuerpos en el desierto, en el sector del Salar del Carmen. El máximo Tribunal estimó que su argumento de nulidad sustancial era contradictorio, pues acusaba que su participación en el ilícito no estaba definida, pero invocó el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que en sí mismo reconoce la participación de quien recurre de nulidad sustancial.

Resulta incoherente negar que en el caso se haya demostrado la existencia de un grupo integrado por más de tres personas, vinculadas por el objetivo común de ejecutar el plan de represión ilegal, lo que implicaba la comisión de un número indeterminado de delitos mediante el aporte previamente determinado de cada miembro, y que ese vínculo tenía carácter estable y permanente, de modo tal que la estructura predispuesta para alcanzar aquel objetivo se mantuvo activa por años.

No se demostró que no haya recibido la atención médica necesaria por parte del Servicio Penitenciario, ni se explica por qué serían mejor atendidas en el domicilio de aquél.

El Estado no puede invocar normas de derecho interno -como la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual-, para eximirse del cumplimiento de la obligación de reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, debido a que dichos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

El recurrente fue condenado por un Tribunal Naval, previa confesión del delito obtenida después de varios días de tortura por parte de agentes del Estado para que reconociera el ilícito o señalara a un tercero culpable.

El demandante fue torturado por agentes del Estado entre el 14 de septiembre de 1973 hasta diciembre de aquel año. El máximo Tribunal enfatizó que la obligación de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se impone a las instituciones de derecho interno -como la prescripción extintiva-, por lo que un Estado no puede invocar su legislación interna para eximirse de cumplir con dicha obligación, que una norma de Ius Cogens de Derecho Internacional le impone.