Por tratarse de un delito que de acuerdo al derecho internacional debe considerarse como crimen de lesa humanidad y por no constar que colaboró sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, la denegación del beneficio por Gendarmería se ajusta a derecho.

La política del terrorismo de Estado motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y gremiales, en razón de que eran visualizados como oponentes y, por tanto, blancos del régimen.

En la decisión impugnada se invocó el principio in dubio pro reo con apoyo en la subjetividad de los jueces, sin correlato en las constancias de la causa, lo que descalifica la decisión como acto jurisdiccional válido.

Aumentó el monto indemnizatorio en atención a la edad de la víctima al momento de los hechos, la duración y reiteración de los vejámenes, el padecimiento físico y emocional sufrido y la naturaleza de las torturas de connotación sexual acometidas atendido su género.

Se tuvo en consideración que la prisión y torturas que sufrió el actor fue a una edad temprana y que según han dicho los testigos le ha dejado secuelas permanentes, todo lo cual permite dar por establecido el sufrimiento y afección sicológica que ha debido soportar.

La decisión de amparo dictada por el CPLT se encuentra ajustada a la ley, debidamente fundada, y en consecuencia no adolece de ilegalidad.

Siendo un hecho de la causa que el demandante tiene la calidad de víctima de tortura, forzoso resulta concluir que experimentó un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

Resulta irrelevante para determinar la responsabilidad del Estado que no se haya logrado individualizar qué funcionario específico fue quien ordenó, ejecutó y participó en el encierro y asesinato de la víctima, lo decisivo es que fue uno o más agentes del Estado obrando en dicha calidad.

Dicha disposición es aplicable cuando el acusado se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, era de 5 años y 7 años y medio respectivamente.

El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.