El Tribunal de alzada revocó la resolución, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y ordenó el reingreso en prisión de Topelberg Kleinkopf, al considerar que no han variado las circunstancias que se tuvieron presente al imponerle la cautelar de prisión preventiva.
La normativa UIF excluye de esta obligación a los abogados contratados para litigios, pero sí establece la responsabilidad de reportar cualquier otra relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
La única actividad detectada fue la de otorgamiento de los negocios inmobiliarios, ya que los negocios consistían en adquisición y venta de terrenos e inmuebles, por lo que la Fundación Benéfica se constituyó como un puro instrumento defraudatorio para acogerse a un régimen fiscal privilegiado.
