La iniciativa busca endurecer las sanciones relacionadas con la utilización de menores en la comisión de delitos y responsabilizar a los adultos que participen en estos actos, para lo cual modifica el artículo 72 del Código Penal en busca de crear un marco legal más sólido que desincentive la involucración de menores en actividades criminales y promueva la protección de los derechos y la seguridad de los niños y adolescentes en el país.

La iniciativa busca tipificar de manera clara y precisa esta modalidad delictiva, reconociendo su gravedad y el impacto que tiene en la seguridad y bienestar de la población. Entre las principales medidas que contempla se encuentra la inclusión de agravantes y penas accesorias, incluso la inhabilitación perpetua para obtener una licencia de conducir, para aquellos que cometan robos en motocicleta o bicimoto de manera violenta o sorpresiva.

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto que entrega esta facultad también al Ministerio Público. La idea es otorgar a estas instituciones una herramienta eficaz y efectiva para fortalecer la investigación de delitos.

Sin una limitación de tiempo, a diferencia de los condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, para que quede de manifiesto en nuestra legislación la gravedad de los actos de corrupción, de atentar contra los recursos fiscales y contribuir así a establecer sanciones ejemplares en ese sentido.

La iniciativa explicita el rol de la PDI en la investigación de delitos y del crimen organizado, y el deber de controlar el ingreso y egreso al país.

Aumenta la sanción del delito si la privación de libertad dura más de 24 horas.

Un exhaustivo trabajo está realizando la Comisión de Constitución del Senado en torno a esta iniciativa que busca ampliar la responsabilidad penal de las empresas, sistematizar los ilícitos económicos y ambientales y establecer sanciones acordes. El Ejecutivo le fijó urgencia al trámite.

El mínimum de la pena es una expresión jurídica que significa el mínimo de la pena. Por ejemplo, si la pena asignada a un delito es presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años de presidio) se excluirá la mitad de la pena más beneficiosa al condenado, es decir, la pena quedaría en 3 años y un día a 5 años.

En la primera sentencia, Rol 104.259-2020, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la pena única de presidio perpetuo simple impuesta a los exoficiales Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli Fullerton por su responsabilidad, como autores, de 21 homicidios calificados y cinco secuestros calificados de víctimas que fueron finalmente fusiladas en el sector del cerro Topater, comuna de Calama.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación deducido por la parte querellante y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Los Andes, el 1 de septiembre recién pasado.