La iniciativa tiene como antecedente los nuevos fenómenos criminales que han surgido, entre ellos la ciberdelincuencia, el narcotráfico y criminalidad organizada.
En la ejecución de las condenas impuestas a los miembros del crimen organizado deben respetarse los principios constitucionales.
Prohíbe optar al beneficio de sustitución de las penas privativas de libertad, a quienes resultaren condenados a pena aflictiva por delitos contra las personas.
Es indispensable diseñar una política de Estado, nacional y transversal.
El ministro aplicó la perspectiva de género al condenar a los responsables de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual de seis mujeres que estuvieron detenidas en el centro de clandestino entre 1974 y 1975.
Los autores dan cuenta de por qué se han deteriorado los niveles de paz y seguridad en el continente durante el último decenio y cómo han impactado en estos indicadores el surgimiento de mecanismos de criminalidad organizada transfronteriza, delitos informáticos, redes y cadenas de grupos criminales asociados.
