La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente genera efectos contrarios al orden constitucional, ya que permite mantener indefinidamente activa la gestión, lo que vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso. Mientras que aquellas que establecen obligaciones laborales ficticias afectan principios constitucionales como la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.