Tuvo en cuenta que el tribunal de segunda instancia no puede extender su fallo más allá de lo que ha sido pedido por el recurrente en su recurso de apelación, pues, así lo ordena el principio de congruencia, y no puede reformar la sentencia en perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de las partes, principio conocido como prohibición de la “reformatio in peus”.
El máximo Tribunal resolvió que la necesidad de una detallada fundamentación emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida, puesto que la indemnización resulta de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto, y en el caso sub lite la controversia planteada versa justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile causaron a los demandantes con su actuar.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó pagar a la facultativa la suma de $600.000 por concepto de daño emergente y $15.000.000 por daño moral.
Los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el afectado haya sido atendido en hospitales públicos o privados, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El impugnante persigue el establecimiento de un hecho nuevo, pero los hechos de la causa fijados por los jueces de fondo resultan inamovibles y no es posible su revisión por la vía de la nulidad, salvo que se denuncie eficientemente infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
El máximo Tribunal consideró que, atendido los usos que la demandante dará a los terrenos de propiedad del Fisco en que inciden las servidumbres concedidas, el monto indemnizatorio propuesto por el informe pericial no resulta íntegramente reparatorio del perjuicio ocasionado.
El actor alega que el Estado se encontraba obligado a proporcionarle todos los elementos y accesorios de protección, en atención a la peligrosidad del sector y a la previsibilidad de posibles agresiones, las que fueron incluso alertadas a través de una carta anónima, sin embargo, no se tomaron medidas de resguardo.
La Corte Suprema concluye que se configuran todos los requisitos de la responsabilidad contractual, razón por la que los vicios denunciados no han influido en lo dispositivo del fallo.
El máximo Tribunal condenó al Servicio de Salud de Coquimbo por su responsabilidad derivada de falta de servicio, debiendo pagarle a la actora una indemnización por concepto de daño moral y daño emergente.
No concurren las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.
