El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.

Existieron antecedentes que justificaron el actuar de las recurridas, lo que lleva a descartar un error injustificado o arbitrariedad de su parte.

El máximo tribunal estimó que se configuro el vicio previsto en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.

La demandada reconoció haber reparado los defectos, por lo que, tácitamente, ha dado la razón a la actora al obligarse a resarcir las fallas aludidas.

No se acreditó cómo el actuar del demandado habría influido en tener que soportar un mayor deducible que el pretendido por la actora, lo que impide tener por configurada la responsabilidad alegada.

La neuropatía padecida por la paciente no fue provococada por una sepsis, sino por los medicamentos asociados a la sedación y ventilación mecánica por tiempo prolongado, lo que llevó a descartar la falta de servicio.

La actuación de la demandada se sujetó estrictamente a la ley, toda vez que disponía, hasta el año 2017, solamente de un cargo para las funciones que desempeñaba la actora, lo que descarta la falta de servicio alegada.

Si los profesionales de la demandada hubieran atendido oportunamente al recién nacido habría permitido un correcto diagnóstico y evitar el fatal desenlace.

Los recurrentes pretenden una nueva valoración de las probanzas mediante el recurso de casación en el fondo, lo que resulta totalmente ajeno a los fines de tal acción.

El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.