El demandado no probó que la técnica y los medios utilizados en el procedimiento médico hayan sido adecuados a la lex artis que profesa.
La comercializadora no demostró haber certificado la calidad del producto que distribuía, siéndole atribuible el daño padecido por el recurrente.
La empresa no logró desvirtuar la presunción de culpabilidad del empresario, por cuanto no demostró que no podía prever o impedir el hecho empleando la autoridad que la ley le confiere.
La existencia de una suspensión condicional de procedimiento no impide al actor reclamar en esta sede la responsabilidad civil del demandado.
El municipio es responsable del accidente sufrido por la demandante, pues omitió precaver el peligro de caída para transeúntes y ciclistas que circulen por el borde costero.
Las deficiencias asistenciales impidieron enfrentar de forma oportuna y eficaz la infección del actor, causando un resultado dañoso que podría haber sido evitado.
Al no calificar correctamente la magnitud del daño sufrido por el recurrente, le obligó a soportar dolores aún más intensos mientras no recibía un diagnóstico adecuado.
La omisión en que incurrió el Municipio, consistente en no pagar al actor, a lo menos por 5 años, una asignación que por Ley se le otorgó, importa una negligencia constitutiva de responsabilidad por falta de servicio.
La delicada situación emocional de la novia agrava aún más el daño moral producido por el incumplimiento de la demandada.
No resultan atingentes las normas internas sobre prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
