No existen motivos jurídicamente válidos para declarar la rebaja del monto concedido a título de indemnización de perjuicios, como dispuso el laudo apelado.
Se acredita la existencia de un daño material en perjuicio del actor, derivado de la destrucción de recursos hidrobiológicos, atendido el derrame de hidrocarburos ocasionado por COPEC.
El máximo Tribunal desestimó los recursos presentados por las demandadas, al no haberlos planteado ante el tribunal de segunda instancia, que ratificó la de primer grado que habría incurrido en los vicios denunciados.
El máximo Tribunal sostiene que una ‘justa indemnización’ debe ser necesariamente comprendida como aquella que determine el tribunal conforme al mérito del proceso.
Considera que no hubo negligencia de las demandadas, porque “los thumbnails, o copias de imágenes en miniatura, cumplen una función de mero enlace a contenidos que no fueron creados por los buscadores”.
Debido a la falta de medidas preventivas para resguardar la integridad física y salud de la interna frente a sus amenazas de suicidio.
El máximo Tribunal descartó infracciones en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que fijó en $236.534.896 el monto a pagar por la demanda por concepto de daño emergente.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el 18° Juzgado Civil de Santiago.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la dueña del departamento ubicado en el segundo piso, por los daños provocados en el inmueble de la demandante, al negarse a reparar la filtración que comenzó en 2014.
El máximo Tribunal consideró que erró la Corte de Apelaciones de Concepción al rechazar los pagos por dichos conceptos.
