El Tribunal ordenó a la inmobiliaria proceder a reparar la fachada del inmueble y pagar una indemnizar de $2.000.000, por concepto de daño moral, a la parte demandante.

La demandada al no ser la entidad que llamó a la licitación, no es susceptible de ser considerada sujeto pasivo de la acción.

El Tribunal estableció que en la especie no se acreditó la atención negligente atribuida por las demandantes a los médicos que intervinieron al paciente.

La reclamante alega que no existe una relación laboral con los repartidores.

El Tribunal descartó actuar culpable o negligente de los demandados, al considerar que, tras la intervención, se hizo un seguimiento al paciente que permitió constatar, previo análisis y manejo de un equipo multidisciplinario, la existencia de una perforación al duodeno, la cual al fracasar los tratamiento no invasivos, fue tratada en forma quirúrgica, sin lograr la recuperación del paciente, quien falleció meses después, el 1 de octubre de 2014.

El Tribunal estableció la responsabilidad contractual de la entidad bancaria al no fiscalizar la entrega correcta y completa del documento.

El máximo Tribunal estableció que no existe infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda y reguló la indemnización en 5 UF por hectárea de terreno afectado por cada año que se extienda la servidumbre.

El Tribunal condenó a clínica privada a pagar a la demandante la suma total de $72.245.957 por concepto de daño emergente y daño moral.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no acreditarse la responsabilidad de la inmobiliaria en los daños denunciados, al ignorarse el estado anterior del inmueble y lo que haya podido ocurrir entre el terremoto y las faenas de reparación.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, que declaró la prescripción de la demanda.