El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a los demandados rendir cuenta documentada de la administración de la sociedad educacional, entre octubre de 2007 y octubre de 2017.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, la suma de $71.188.033, por concepto de daño patrimonial emergente.

El Tribunal consideró que la empresa infringió las normas de la Ley de Protección del Consumidor al permitir la interrupción del servicio por malas condiciones climáticas.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad al considerar que se pretende una nueva valoración de la prueba analizada por el tribunal de primera instancia.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la condenada en el perjuicio causado al Estado por el pago excesivo de fondos de subvención escolar especial.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio debido a que la sentencia impugnada carece de un pronunciamiento relativo al fondo del asunto.

El Tribunal estableció que la demandada no rindió prueba alguna para acreditar la causal de despido invocada para desvincular a la trabajadora.

El Tribunal acogió la acción de nulidad y dejó sin efecto las desvinculaciones hasta el pago íntegro de las cotizaciones previsionales en mora.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el de fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la de primer grado que no hizo lugar a la demanda.

El Tribunal acogió la acción presentada por la SCD y ordenó a la empresa demandada Gastronómica R&V Limitada, pagar la tarifa mensual adeudada desde agosto de 2016.