El máximo Tribunal estimó que el recurso fue presentado fuera de plazo, pues el afectado impugnó el decreto que ordena demoler parte de la ampliación construida, y no accionó por la “amenaza de demolición”, quedando a firme el decreto de demolición dictado por la Municipalidad de Coronel.
Los actos reprochados fueron dictados en virtud de la normativa que regula la materia, que no obsta a las facultades que la LGUC ha otorgado a los Alcaldes para decretar la demolición de obras ejecutadas en contravención con la ley.
Los recurridos, a sabiendas de los túneles y del carácter de sitios protegidos que pudiesen detentar, siguen con la demolición, haciendo caso omiso a advertencias e impiden se investigue el sitio.
El máximo Tribunal reafirma que se trata de construcciones que no podrán regularizarse y que deben necesariamente ser demolidas o desarmadas.
El máximo Tribunal enfatiza que mientras se encuentre pendiente el señalado juicio, cualquier alteración del status quo debe ser autorizada judicialmente.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 y 24.
