La celebración telemática del juicio oral, total o parcial, no puede suponer una merma de las garantías procesales en virtud de la legislación. Esta acuerda que todas las actuaciones procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática siempre que se disponga de los medios técnicos. La introducción de nuevas tecnologías no puede menoscabar la integridad del proceso.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al negarse el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en un segundo juicio oral –con condena más gravosa- no se permite que un superior de mayor jerarquía revise una situación de injusticia, en cuanto al quedar firme una decisión que fue adoptada con vicios, ocasionará un perjuicio indebido al condenado.
El máximo Tribunal sostuvo que el juez del grado no puede conformarse únicamente con dar a conocer la parte resolutiva del fallo, debido a que de los artículos 39, 381, y 396 del Código Procesal Penal, se desprende su obligación de escriturar íntegramente la decisión condenatoria, y en caso contrario, la magistratura vulnera los derechos a defensa y a presentar recurso que posee el imputado.
La sola asignación de las casillas a los administrados, no resultan suficiente para que el acto de notificación resulte válido; por el contrario, será a partir de la autenticación del administrado – el registro de datos, correo electrónico, celular, la habilitación del usuario y contraseña -, que deberá entenderse como el consentimiento expreso del administrado para la notificación de actos administrativos.
Se impone la obligación de información individualizada, y por escrito, de la existencia y contenido del Código de Buenas Prácticas a los clientes que dejaban de cumplir el pago de las cuotas hipotecarias, manifestando sus dificultades para atender el pago, desde ese momento, así como de las posibilidades de acogerse al mismo.
La magistratura desestimó el recurso de protección de un funcionario de SERNAPESCA que fue destituido luego de un sumario administrativo, al verificar que el actor en todo momento pudo controvertir y aportar pruebas que desvirtuaran los cargos que se le formularon, por lo tanto, no fue conculcado el debido proceso durante el sumario administrativo que ordenó su destitución del Servicio.
La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.
Lo que no puede admitirse en modo alguno es el dictado de resoluciones judiciales sin la intervención en el procedimiento de las personas que resulten directamente afectadas por su ejecución, pues de esta forma se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho a la defensa y a la práctica de los medios de prueba pertinentes.
Lo anterior, no impide que el juez o presidente del Tribunal interrogue al acusado al comienzo del juicio sobre si reconoce los hechos y se muestra conforme con la más grave de las acusaciones. A continuación, comenzará el interrogatorio, salvo que el letrado del acusado le solicite que declare tras la práctica del resto de la prueba.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.
No basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor.
