De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.
Los hechos denunciados pueden ser ventilados en el procedimiento de familia que se encuentra pendiente.
Agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.
El requirente alega que el precepto legal impugnado transgrede su derecho a ejercer la acción penal y termina con el proceso penal, lo que trasgrede la igualdad ante la ley y el debido proceso.
