Las causales de término del vínculo laboral deben ser establecidas y acreditadas a través de una breve investigación.
La requirente aduce que la realización de un juicio a través de videoconferencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.
No es racional ni justo que por aplicación del artículo 277 del CPP, el imputado se vea impedido de apelar para que se revise si la desestimación de la prueba por parte del juez fue correcta o no.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El tribunal penal llamó a las partes para debatir la recalificación del hecho punible establecido en la acusación sin resguardar el derecho de defensa efectiva de los acusados.
Los actos de los recurrentes dejaron al acusado sin la defensa técnica que le es indispensable, por lo que incurrieron en el abandono de la defensa que prohíbe el artículo 103 bis del Código Procesal Penal.
El actor arguyó que, las disposiciones del Código Procesal Penal cuya constitucionalidad cuestiona, desconocen los derechos de la defensa en contexto de un debido proceso, en la medida que no prevén informar o notificar previamente al tutor o curador.
El amparado se encontró imposibilitado de explicar las imputaciones que obraron en su contra, por lo que el Tribunal no pudo obtener su versión de los hechos.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Segunda Sala, llegó a la convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 3 de la LOCTC, esto es, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada.
