El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, el derecho a un procedimiento racional y justo, en su vertiente del derecho al recurso, entre otras garantía, ya que establece como único legitimado activo del recurso de apelación a la Fiscalía, en desmedro de los demás intervinientes.

El Tribunal Oral de Linares otorgó sólo dos días al letrado para preparar la defensa del acusado en un Juicio Oral ya iniciado y de carácter complejo, en el que se investigaban once hechos delictivos cometidos por una banda criminal, siendo materialmente imposible conocer en tan breve tiempo todos los antecedentes del caso para preparar una adecuada asistencia jurídica.

Existiendo además un nuevo informe favorable a su traslado emitido por Gendarmería, no puede sino concluirse que la decisión de la recurrida es arbitraria, toda vez que se ha adoptado sin haber precedido un análisis exhaustivo de las distintas variables técnicas penitenciarias.

La recurrente insiste en afirmar que de la grabación surge que el dinero correspondiente al vuelto se entregó en la mano del trabajador. No obstante, independientemente de la eficacia probatoria de dicha filmación, de ella surge exactamente lo contrario. Esto es, que el dinero correspondiente al vuelto se colocó al lado de los $300 que se le atribuyen tomados indebidamente al trabajador, por lo que resulta claro que dicha filmación no puede dar prueba del hecho alegado como injuriante.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia.

La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

Es claro que empleador y trabajador se encuentran en situaciones de desigualdad, al estar el segundo sujeto a un vínculo de dependencia y subordinación respecto del primero. En este contexto, al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino que además da vigencia a la protección al trabajador.

El Consejo multó con 30 UTM a la emisora por omitir la advertencia de inicio del horario de protección al menor, decisión adoptada sin abrir un término probatorio para que el Canal pudiera acreditar sus descargos, acto que infringió el debido proceso reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, y en el artículo 35 de la Ley Nº19.880.

El requirente alega que se infringen los principios de legalidad y tipicidad porque la conducta que no se encuentra claramente determinada.

La requirente alega que la norma lo priva de acceder a la segunda instancia lo que transgrede su garantía a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al recurso, entre otras garantías constitucionales.