No nos encontramos ante motivos que pudieran justificar una denegación, esto es, tratarse de pruebas inútiles. Con tal forma de proceder se deja absolutamente vacía de contenido la fase probatoria en los procedimientos administrativos, lo que reviste mayor gravedad, si como es el caso el procedimiento sustanciado es de carácter sancionador.

Los tribunales nacionales brindaron el nivel requerido de protección a las empresas demandantes. En primer lugar, estas pudieron participar en los procedimientos administrativos para defender sus intereses a través de audiencias orales celebradas a petición de ellas.

El tribunal forma su convicción en base a la prueba producida durante el juicio oral y como el acusador no incorporó el bate de madera, ambas partes quedaron en las mismas condiciones, por lo que mal puede sostener la defensa que fue impedido de ejercer las facultades que la ley le otorga.

Los hechos fueron recalificados de oficio por el tribunal una vez finalizada la discusión y la incorporación de la prueba, incluyendo nuevos ilícitos que no fueron señalados por el Ministerio Público en la acusación, lo que vulneró el derecho a defensa del imputado.

El requirente estima que la restricción recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.

La agencia carece de la calidad de parte en el proceso penal. Dicha carencia conlleva, como lógica consecuencia, la imposibilidad de gozar del conjunto de prerrogativas y derechos que como tales posee quienes son partes en el proceso. Y dentro de aquel continente se encuentra la facultad de recurrir. El poder de impugnar se encuentra circunscripto a las partes, tal como surge claramente en la normativa.

No concurre ninguna circunstancia excepcional transitoria que justificara la demora. El retraso neto de unos 35 meses es un retraso irrazonable contrario a la Carta. El juez de primera instancia se equivocó al concluir que la demora estaba justificada sobre la base de la confianza razonable de las partes en la ley tal como existía anteriormente.

El amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales.

El Estado no puede actuar como un perseguidor ad infinitum. El ius punendi debe tener límites, tanto por su naturaleza como por sus efectos. De allí que la jurisprudencia haya concluido que la garantía de impugnación prevista en el Pacto de San José es a favor del imputado. Los juzgadores deben tenerlo en cuenta al emitir sus fallos, a fin de respetar los derechos fundamentales.

La concesión de la medida cautelar, derivada del ejercicio concreto de la facultad general de cautela concedida a jueces y tribunales, sólo se justifica ante situaciones que se ajustan a sus supuestos específicos: la existencia de plausibilidad legal (fumus boni juris), por un lado; y la posibilidad de lesión irreparable o de difícil reparación (periculum in mora), por otra.