La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.
El requirente alega que las disposiciones legales cuestionadas, de ser aplicadas, comprometen su derecho a defensa, debido proceso y transgreden la Convención Americana de Derechos Humanos.
Existen reclamos de la impugnación interpuesta por la defensa técnica en su recurso de apelación que, a la fecha, no han sido conocidos por ninguna autoridad judicial, propiamente los ya referidos motivos quinto y sexto, en torno al ilícito de incumplimiento o abuso de patria potestad, circunstancia que incide en el derecho de defensa de la persona imputada.
El requirente estima que la norma objetada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y la preceptiva contenida en Tratados Internacionales ratificados por Chile sobre la materia.
La pretensión de tutela judicial implica no sólo el derecho a manifestarse y a ser informado sobre el objeto del proceso, sino también a presentar argumentos. A la luz de los elementos incorporados al expediente, es posible concluir que el recurrente ha probado la vulneración de los principios del sistema acusatorio y defensa plena.
La omisión evidente en la observancia de un derecho tan elemental como el uso del propio idioma dentro de lo que debería representar una defensa adecuada, invalida lo actuado en el proceso penal.
El requirente alegó que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso. El voto del Presidente no dirime el empate en estos casos.
El actor posee el derecho a decidir si acude o no a la Inspección del Trabajo antes de concurrir al tribunal, con el fin de obtener un pronunciamiento respecto del litigio; por lo tanto, el juez no puede supeditar la solución del arbitrio al cumplimiento de un requisito administrativo.
La magistratura sólo transcribió la parte resolutiva de la sentencia dictada en procedimiento simplificado, infringiendo el derecho a defensa del actor, quien no pudo conocer los fundamentos del tribunal para imponer el castigo.
No se puede privar a las personas de su derecho a obtener del tribunal una decisión en su litigio para la protección de sus derechos.
