El requirente alegó que la restricción recursiva resulta carente de razón y vulnera su derecho al debido proceso.
En atención a la naturaleza del litigio, al hacer lugar al abandono sin llamar a las partes a rendir pruebas, el tribunal impidió al demandante a controvertir la solicitud afectando su derecho a defensa.
En la especie, se declaró inadmisible la excepción opuesta dentro de plazo por el ejecutado, circunstancia que el máximo Tribunal enmendó de oficio al estimar que la judicatura de base perjudicó el derecho a defensa del actor.
En caso contrario, el juez vulnera el derecho a defensa del imputado que no puede conocer los motivos que el tribunal tuvo en vista para su decisión, mermando con ello su derecho a recurso.
En la especie, el juez de garantía no incluyó a testigo presencial clave para la teoría del caso de la imputada, infringiendo las normas de exclusión probatoria del artículo 276 del Código Procesal Penal.
Declaración autoincriminatoria obtenida ilegalmente por la policía que detuvo al imputado en Bolivia no fue considerada por el Tribunal Oral al momento de sancionar al recurrente como autor del delito de homicidio calificado.
El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alega que la restricción recursiva resulta carente de razón y vulnera sus garantías constitucionales.
El máximo Tribunal estimó que el recurrente siempre estuvo en condiciones de comprender los derechos que se informaron, y que decidió declarar para intentar colaborar sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos.
