El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.
La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.
El requirente estima que se le aplica una sanción desproporcionada que no puede controvertir, vulnerando el debido proceso y el principio de legalidad.
Al decidir las recurridas unilateralmente afectar las remuneraciones de la actora, sin procedimiento previo alguno, vulneraron su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales y el derecho de propiedad.
Amparado solicitó que se declare el cierre de la investigación, lo cual fue desestimado por el Tribunal que aplazó tal audiencia con el fin de brindar tiempo a la defensa de los coimputados para acceder a la carpeta investigativa y solicitar diligencias.
Vulneran la garantía constitucional a un proceso racional y justo.
Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
El requirente alega que se le prohíbe objetar la obtención de una concesión minera fraudulenta sobre su predio, afectando sus garantías constitucionales.
Adolece de falta de fundamento plausible.
El requirente alega que se vulnera su garantía al debido proceso, puesto que la disposición no contempla una forma de ejecutar las resoluciones adoptadas en su contra.
