La requirente estima que la norma cuestionada atenta contra su derecho al recurso y produce otros efectos inconstitucionales.

La recurrente arguye que los hechos denunciados constituyen una sanción anticipada, sin un debido proceso que permita verificar las imputaciones que pesan en su contra, las que sostiene son falsas y pretenden su descrédito.

El bloqueo aparece aplicado como una forma indirecta de obtener el pago de acreencias, por parte de Cannon Center quien es, en definitiva, la deudora de la recurrida.

El requirente alega que la autoridad ambiental tomó una determinación carente de razón sin que haya podido presentarse oposición alguna, afectando gravemente su patrimonio.

El requirente estima que no tiene relación comercial y laboral con el resto de las empresas objeto de la demanda, por lo que se le imponen cargas excesivas de manera arbitraria.

El ejercicio de la potestad revocatoria debe respetar las situaciones jurídicas anteriores a la emisión del acto administrativo revocatorio, por cuanto la validez del acto revocado hace que la revocación solo opere hacia el futuro.

Sólo resulta apelable la resolución que resuelve el fondo de la acción cautelar.

Vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas y la libre contratación.

En virtud de su competencia conservativa la Corte puede adoptar todas las medidas conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos, aun cuando su origen sea indeterminado.