Sólo resulta apelable la resolución que resuelve el fondo de la acción cautelar.

Vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas y la libre contratación.

En virtud de su competencia conservativa la Corte puede adoptar todas las medidas conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos, aun cuando su origen sea indeterminado.