La requirente estima que la exclusión de cualquier otro fundamento que no esté precisado en la ley para la reclamación de avalúo fiscal produce efectos inconstitucionales al menoscabar su derecho a la tutela judicial efectiva.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.
Despido conforme a los preceptos impugnados configura una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.
