El requirente estima que el precepto legal impugnado atenta gravemente contra su derecho a ejercer la acción penal y al desarrollo de un proceso racional y justo.
Derecho a la acción penal
Norma que faculta al Ministerio Público para comunicar su decisión de no perseverar en la investigación, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Normas que habilitan al Ministerio Público para no perseverar en el procedimiento penal, no producen efectos contrarios a la Constitución, sentencia el Tribunal Constitucional.
Normas que facultan al Ministerio Público a no perseverar en la investigación, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Norma que impide al querellante continuar la persecución penal cuando el Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento, no resulta contraria a la Constitución, resuelve el Tribunal Constitucional.
El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.
Normas que facultan al Ministerio Público a no perseverar con la investigación, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
Apartándose de precedentes previos Tribunal Constitucional rechaza inaplicabilidad de norma que permite al Ministerio Público no perseverar en el procedimiento penal sin previa formalización.
No se advierte vulneración al derecho a la acción penal y al debido proceso en los términos denunciados por el requirente.
Normas que condicionan la continuidad de la persecución penal por la víctima a la formalización de la investigación, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
Normas que permiten al Ministerio Público no perseverar en el procedimiento penal sin previa formalización, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.
Normas que condicionan la posibilidad de continuar la persecución penal por parte de la víctima a la formalización de la investigación, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
Norma que habilita al Ministerio Público para decretar el sobreseimiento definitivo en investigación penal desformalizada, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se lo imposibilita de perseguir penalmente un delito del que fue víctima, afectándose sus garantías constitucionales.
Norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en la investigación penal, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que infringe sus derechos constitucionales a ejercer la acción penal y acceder a un procedimiento e investigación racional y justo.
Norma que impide a la víctima continuar la persecución penal, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
Norma que impide a la víctima y querellante continuar la persecución penal, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le impide su derecho al ejercicio de la acción penal, vulnerando también su garantía a un debido proceso.