Un alumno de magister de la Universidad del Bio-Bío intentó mediante la acción cautelar, que dicho plantel le entregara el certificado de magister de un programa cursado satisfactoriamente, no obstante, la recurrida acusó la existencia de deuda de aranceles por parte del actor para negarse a titularlo, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema, al considerar que los estudios de postgrado escapan a la protección del derecho a la educación.

El máximo Tribunal sostuvo que la casa de estudios no puede condicionar la entrega del título a una deuda arancelaria, en circunstancias que la actora completó satisfactoriamente todo el plan de estudios.

El letrado acusó un “monopolio” de las revalidaciones por parte de la casa de Bello, y que, desde que decidió iniciar un movimiento para hacer cumplir el artículo 143 de la Ley de Migraciones -que permite a todas las universidades del país revalidar títulos de profesionales foráneos-, las autoridades universitarias lo han discriminado arbitrariamente al negar sin fundamentos la posibilidad de ingresar por segunda vez al proceso de homologación.

El grupo familiar fue víctima de vulneración de derechos que implicó el cambio de domicilio como medida de protección, pero no podido matricular a su hija en la plataforma Sistema de Admisión Escolar, en el apartado “Anótate en la Lista”, lo que vulnera los derechos que consagran los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución, y la Convención de los Derechos del Niño.

Los incidentes no fueron aislados y fueron suficientemente numerosos e interconectados como para constituir un patrón o sistema (“práctica administrativa”). El Gobierno ruso no argumentó, y mucho menos fundamentó, que los incidentes que implicaron asesinatos, malos tratos, arrestos y detenciones a gran escala no habían tenido lugar.

El colegio falló en su deber de protección y de prevención ante situaciones de consumo de drogas. Incumplió un mandato constitucional y debió acompañar a la adolescente ante el riesgo de disposición de drogas psicoactivas y también debió garantizar su permanencia en el sistema educativo.

Además, la instancia parlamentaria, entregará antecedentes a Defensoría de la Niñez y solicitó al gobierno actuar ante la emergencia educativa.

El interés superior del menor en relación con el derecho fundamental a la libertad de creencias, del que también es titular el menor de edad, determina que el ejercicio de este derecho no puede abandonarse por completo a la decisión de los padres, sino que debe modularse en función de la madurez del menor. Ante la discrepancias lo más acorde al interés superior de esta es que la decisión que se aopte procure que esa formación escolar se desarrolle en un entorno de neutralidad, con el fin de que pueda formar sus propias convicciones de manera libre.

En este caso importa visibilizar que el derecho a la inscripción, emplazamiento filial y la consiguiente documentación e identificación para ciertas personas puede verse afectado de manera flagrante y evidente. Este tipo de supuestos, reedita una emergente realidad: niños invisibles los que atento carecer de su derecho primario quedan expuestos a un sinfín de perjuicios, riesgos y vulnerabilidades.

Es indispensable que se adopten medidas simbólicas por el impacto que el problema ha tenido sobre los derechos fundamentales de los niños, quienes son un grupo poblacional de especial protección constitucional. Una infraestructura deficiente no solo vulnera el derecho a la educación, sino también los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la posibilidad de escoger una profesión u oficio.