El Estado no puede ser indiferente y debe encontrar los mecanismos y gestionar los recursos para que los menores cuenten con soluciones de transporte que les permitan desplazarse, de forma segura, hasta las instituciones educativas. En esa dirección, las complejidades presupuestales, si bien son un factor de necesaria atención, de ninguna manera pueden ser una excusa para que las autoridades evadan su obligación.

La participación de los niños en situación de discapacidad auditiva y estudiantes del aula multigrado en las actividades extracurriculares que se adelanten en las instituciones educativas es esencial para la garantía del derecho a la educación, desde sus componentes de accesibilidad y adaptabilidad.

La prestación de servicios de salud con carácter domiciliario se encuentra intrínsecamente ligada al deber de garantizar el derecho fundamental a la salud a todas aquellas personas que, por sus enfermedades o sus condiciones especiales de salud, se encuentren en una situación que hace imposible o se les dificulta el acceso a los servicios de salud que requieren.

No todas las evaluaciones realizadas por las instituciones educativas tienen como finalidad evaluar las enseñanzas impartidas en el marco de un proceso académico de enseñanza y aprendizaje. Hay algunas evaluaciones que buscan medir los conocimientos de una persona para dar inicio al proceso de enseñanza en un nivel adecuado y apropiado de acuerdo con los conocimientos previos de la persona.

El demandante fue educado en condiciones de segregación, por lo que el Estado tiene el deber de tomar medidas para corregir esa desigualdad y evitar la perpetuación y la discriminación resultantes de la sobrerrepresentación de alumnos romaníes en la escuela.

El impacto que la pandemia del virus del Covid-19 tuvo en el modelo educativo del país fue grande. Estos efectos empeoraron con las graves omisiones del Estado respecto del principio de accesibilidad contenido en el derecho a la educación. Esto, porque las autoridades públicas no tomaron las medidas adecuadas y oportunas para reducir la brecha digital.

La discrecionalidad de las autoridades administrativas para ordenar la cancelación de los pasaportes de los demandantes, fue incondicional, y su alcance y la forma de su ejercicio no se definió normativamente. En consecuencia, la medida dispuesta por el ejecutivo en el contexto del estado de emergencia es arbitraria y no satisfece el requisito de legalidad.

En el evento que los establecimientos educacionales no respeten este derecho, se puede recurrir ante la Superintendencia de Educación para que se tomen las medidas pertinentes, pudiendo iniciarse un procedimiento sancionatorio en caso de eventuales infracciones a la normativa educacional.

Las instituciones educativas no pueden retener documentos académicos por falta de pago, en casos en los que se acredite que hay una imposibilidad real de pagar por parte del deudor pero una voluntad para hacerlo. Lo anterior, porque esa actuación genera una afectación desproporcionada del derecho a la educación, pues interrumpe el proceso educativo del estudiante.

Teniendo en cuenta que actualmente los estudiantes desarrollan gran parte de su vida social y privada en los espacios virtuales, razón por la cual el bullying y el ciberacoso se han trasladado a dichas esferas, consideramos importante que las entidades pertinentes incorporen dentro de su reglamento reglas específicas para la prevención del acoso digital.