La Corte de Valparaíso ordenó a la recurrida abstenerse de enviar comunicaciones, cartas o misivas, por cualquier medio, referida al contrato de arrendamiento de la propiedad, a los empleadores de la recurrente.

Se resolvió que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, y que esta queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a los afectados por las expresiones que se han vertido en una red social pública.

La actora denuncia que el canal de televisión actuó de manera irresponsable y en contravención de la ley, transformando un asunto contractual en un espectáculo mediático que ha afectado profundamente su reputación y la de su familia.

Resolvió que el recurrente exhibió una conducta agresiva durante un partido de fútbol, al lanzar un objeto y vociferar contra hinchas rivales, lo que provocó el reproche social, especialmente ante la presencia de un niño afectado. Indicó que los medios de comunicación ejercieron su derecho a informar al difundir el video de los hechos, concluyendo que la libertad de prensa prevalece sobre el derecho a la honra del actor, quien, al actuar en forma pública y violenta, no puede exigir el silencio de los medios.

La Corte constató que la recurrida envió casi 100 correos electrónicos al actor y publicó contenido difamatorio en Instagram, afectando la honra y la integridad psíquica del recurrente.

Dado que el “Diario El Pingüino” no fue parte del recurso no puede este Tribunal pronunciarse respecto de las peticiones hechas por la recurrente.

La Corte capitalina acogió los recursos de protección interpuestos por los padres y apoderados de las alumnas afectadas, no obstante, el Colegio dio a conocer que apelará el fallo, atendido “(…) nuestro compromiso con el resguardo y el bienestar de las alumnas afectadas, de los estudiantes involucrados y de toda la comunidad escolar”; decisión que fue cuestionada por los apoderados del establecimiento de la comuna de Vitacura.

El máximo Tribunal destacó el deber de transparencia en la fundamentación de las decisiones de retiro adoptadas en la Fuerza Aérea de Chile. Ordenó a la institución que le comunique al actor los fundamentos pertinentes y relevantes que motivaron su decisión, con el objeto de que éste pueda hacer uso de los recursos administrativos y judiciales que pudieren corresponderle.

La divulgación de información realizada por la recurrida constituye una vulneración al honor e integridad psíquica de la recurrente, pudiendo afectar la consideración que terceras personas tengan o puedan formarse de ella, por lo que resultan lesivas de sus derechos.

El afectado pretendía eliminar una publicación considerada como una “funa” del motor de búsqueda de Google, no obstante, el máximo Tribunal estimó que -dado el contexto y época de los comentarios-, el uso de la palabra “acosador”, sin describir una acción concreta supuestamente desplegada por el recurrente, constituye solo una mera opinión respecto de la persona del actor.