Con su conducta omisiva la recurrente ha privado a la actora de participar en competencias, nacionales e internacionales, lo que se traduce en un trato desigual en relación con otras organizaciones deportivas que sí han tenido la oportunidad de inscribirse en eventos deportivos.

Las recurridas no han generado el financiamiento para crear las matrículas, ni las condiciones para la entrega efectiva de la educación pública lo que se traduce en que 66 niños, niñas y adolescentes están sin colegio.

La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.

La recurrida al no expresar los reales motivos de su decisión incurre en una discriminación arbitraria, en un trato diferenciado a la recurrente en relación a otros clientes.

El máximo Tribunal ordenó al Departamento de Migración y Extranjería admitir a tramitación la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, dentro del plazo de 5 días de ejecutoriada la sentencia.

No se constató la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, la cual, por el contrario, mediante los actos impugnados, ha intentado dar respuesta a la situación planteada, disponiendo una solución razonable.

Las resoluciones de la recurrida se tornan arbitrarias, desde que no se ha dado cumplimiento al deber de fundamentación que exige el artículo 41 de la Ley 19.880, provocando que no se basten a sí mismas e impidan su total entendimiento al afectado.

La SMA es una institución a cargo del seguimiento y fiscalización de instrumentos de gestión ambiental, la que debe recibir las denuncias que cualquier persona presente, debiendo informar sobre los resultados en un plazo no superior a 60 días hábiles.

Considerando lo previsto en el artículo 5° del Código del Trabajo es posible concluir que la reserva es un acto unilateral y privativo del trabajador que no requiere la voluntad de terceros.

Conculca la garantía de igualdad ante la ley, desde que impone una situación desigual respecto de otros administrados, desoyendo la entidad los propios criterios por ella establecidos para aplicar en situaciones similares.