El recurrente denuncia que no puede ejercer su trabajo de forma libre, ya que le fue aplicada la citada sanción, estando pendientes recursos sobre la misma.

No se ha probado que en las mismas condiciones del recurrente se haya otorgado una acreditación o la certificación de la especialidad de odontología a otro, ni que se haya negado la certificación como odontólogo por lo que sí puede ejercer como cirujano dentista.

En los hechos no se ha negado la puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, sino sólo se ha requerido para proceder a ello y autorizar el inicio de las obras, contar la autorización de la Asociación de Canalistas.

Produce alteración a la vida y salud de las personas, considerando la cantidad de vecinos que son electrodependientes; la cantidad de horas que pasan sin luz, afectando su cotidiano vivir, el deterioro de sus utensilios y de sus electrodomésticos.

La recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta directamente la forma en cómo realizan los cultos y ceremonias tradicionales, afectando tradiciones esenciales para la cosmovisión religiosa y ancestral del Pueblo Mapuche.

Es deber del Estado velar por la dignidad e igualdad en el trato a las personas transgénero, porque la identidad de género constituye un elemento intrínseco de la naturaleza humana y, como tal, constituye una garantía fundamental que no puede ser renunciada o desconocida por ninguna persona.

Los hechos denunciados demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población sigue viéndose privadas de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces.

Es indiscutible la afectación de garantías constitucionales que los actores invocan, quienes dieron cuenta de una perturbación permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su seguridad, integridad física y salud.

Se omitió la citación previa al interesado, establecida por el artículo 53 de la Ley N°19.880, cuya inobservancia ha significado para aquel ser objeto de una decisión ilegal y arbitraria desde que no tuvo la oportunidad de ejercer a cabalidad sus derechos.

Su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.