Se debe destacar la importancia de que las instituciones educativas adopten una perspectiva de género en los trámites administrativos que adelanten, especialmente aquellos relacionados con la permanencia de las mujeres en la educación. Resulta especialmente importante asumir esta perspectiva en las instituciones educativas policiales, en la medida en que el asunto estudiado da cuenta de la reproducción de estereotipos de género.

Recientemente la OEA adoptó una Declaración sobre el acceso universal al agua y saneamiento. ¿Cuáles son sus implicaciones para Latinoamérica y el Caribe?

Las mujeres que logran acceder a la educación superior se enfrentan con múltiples obstáculos a la equidad de género, en un contexto masculinizado como es el ámbito académico y profesional, que lleva como se advirtió, a continuar naturalizando y normalizando la desigualdad. En este sentido, la decisión arbitraria de invisibilizar en el documento de una mujer su identidad de género, es una forma de discriminación.

El bilingüismo judicial institucional garantiza la igualdad de acceso a los tribunales para los miembros de las comunidades lingüísticas de Canadá a través de diversas garantías legales, incluidas las establecidas en el art. 530 del Código Penal, promulgado para promover la igualdad de estatus o uso del inglés y el francés.

Existe un vacío jurídico en materia de gestación subrogada en Colombia, lo que impacta en el que hacer de las autoridades involucradas, sobre todo, cuando se enfrentan a tener que determinar con certeza cuándo la extracción internacional de los niños es regular o irregular. Por ello, se estima necesario propender por una intervención integral que le permita a las instituciones estar al tanto de cómo operan estos procedimientos.

En particular, lo concerniente a los efectos que esta figura tendría en el registro civil de los niños concebidos en Colombia.

Las autoridades deben propender por la recuperación del espacio público armonizando este deber con la garantía del derecho al trabajo de aquellos vendedores informales que, amparados por el principio de confianza legítima, se han ubicado en las zonas que se pretenden recuperar. Dicha armonización se logra implementando políticas públicas de reubicación y formalización económica.

Llevar el cabello natural –cabello texturizado, recogido en mechones, trenzas, recogidos, trenzas, nudos bantúes, afro, pelirrojo, rubio– tiene un vínculo ineludible con la autoestima del individuo en cuestión porque es parte integrante de ella. De hecho, al ser discriminada, la persona que es víctima de estos prejuicios resulta directa e íntimamente afectada, señala el proyecto como fundamento.

El requisito de residencia protege la diferencia indígena, entendida como los intereses relacionados con el legado cultural aborigen, su ocupación y soberanía y la participación aborigen en el proceso del tratado. La reclamación deroga este derecho, con el que está en conflicto irreconciliable; en consecuencia, de conformidad con la sección 25, 15(1) no puede hacerse efectiva.

La Constitución, la ley y el derecho internacional de los derechos humanos son claros: el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de garantizar a los adultos mayores el ejercicio de su derecho al más alto nivel de salud y a la protección social en igualdad de condiciones al resto de las personas.