La libertad de expresión posee preeminencia frente al derecho al honor cuando la persona ofendida es una figura pública, y por lo tanto goza de una protección más intensa.

El Estado debe abstenerse de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.

Las particularidades de la circulación de información en la red, los algoritmos utilizados por las plataformas sociales, los hábitos de los consumidores de contenidos y los sistemas publicitarios modernos son algunos de los factores que explican la expansión del fenómeno.

En el reglamento general del órgano constituyente publicado en el Diario Oficial ayer, el se contemplan mecanismos para resolver consultas de la ciudadanía y también mantener publicada “información crítica” sobre su quehacer.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por concurrir la causal establecida en el artículo 84 N° 2 de la LOCTC.