La ley trata de asegurar que la interrupción se lleve a cabo del modo menos gravoso para la mujer tratando de evitar desplazamientos que pueden ser perjudiciales para quien acaba de ser objeto de una intervención médica de estas características, y de garantizar, de ser posible, que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados.