Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.