La dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la judicatura constitucional, frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.
