Estos pueblos, que habitan en reservas territoriales en Perú, como la Reserva Territorial Madre de Dios, se han visto impactados por diversas actividades madereras, mineras y de tala ilegal, a pesar del reconocimiento formal del Estado, reflejado en el Decreto Supremo N°001-2014-MC
Derecho a la propiedad
Recurso de protección no es la vía idónea para acelerar el desalojo de ocupantes de inmueble si existen sentencias judiciales pendientes de ejecución.
Corporación Municipal de Ancud debe pagar remuneración y cotizaciones previsionales adeudadas a docente.
Si no existe certeza sobre los dichos que afirman un hecho ilegal o arbitrario y no se acompañan antecedentes que lo sustenten, la acción de protección debe ser rechazada.
Que vecinos bloqueen el camino de la minera Los Pelambres por motivos medioambientales, afecta el derecho a propiedad de la Compañía, resuelve la Corte de La Serena.
Al menos desde el año 2021 la compañía minera Los Pelambres utiliza el camino con el objeto de arribar a las instalaciones de su propiedad, lo que implica que, desde ese momento, los recurridos la han tolerado.
Normas que regulan la liquidación de los bienes comunes de la sociedad conyugal, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la aplicación de las normas legales impugnadas vulneran su integridad física y psíquica, el derecho a la propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Normas que regulan la tasación y remate de bienes inmuebles pertenecientes a una comunidad, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
Recurso de protección en contra de LATAM Airlines por haber anulado y cancelado los boletos aéreos, con ocasión de haberse publicado un precio erróneamente inferior, es rechazado por la Corte de Concepción.
El eventual incumplimiento de la aerolínea del contrato de transporte y que, en su caso, origine responsabilidad para ella y, los derechos y obligaciones emanados de tal contrato, son cuestiones que deberán decidirse en un procedimiento declarativo, en el que las partes tengan la posibilidad de presentar las pruebas pertinentes.
Personas que usurparon terrenos en Frutillar no pueden ser desalojadas por no encontrarse prevista como medida cautelar en el Código Procesal Penal, resuelve la Corte de Puerto Montt.
Es necesario aclarar previamente la naturaleza de la ocupación de los recurridos mediante la vía jurisdiccional que corresponda.
Retención de maquinarias a contratista a pretexto de que incumplió con sus obligaciones constituye un acto de autotutela ilícita, resuelve la Corte Suprema.
No resulta lícito por vías de hecho retener bienes de otra persona, pues el ordenamiento jurídico contempla mecanismos y procedimientos para hacer valer los derechos en estos casos. De no mediar una resolución judicial que lo autorice, quien efectúe la retención se constituye en una comisión especial.
Norma transitoria que Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de declaratoria de utilidad pública, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.
Normas que regulan la interdicción por demencia y la designación de curador, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.