De conformidad con la ley y las reservas de interpretación del Consejo Constitucional, el decreto no autoriza ni la captura de sonido ni el uso del reconocimiento facial para el procesamiento de las imágenes recopiladas ni las comparaciones, interconexiones o conexiones automatizadas con otros archivos. El uso de las imágenes también deberá limitarse a lo estrictamente necesario y el plazo de conservación de los datos deberá limitarse a siete días.