La garantía de estabilidad ocupacional reforzada no elimina la facultad de terminar la vinculación, sino que obliga a que se use a la luz de la Constitución. De allí que, tal extensión puede imponer cargas importantes a los empresarios, pero su intensidad no es de tal magnitud que justifique la desprotección y discriminación de un grupo que ostenta el derecho a una especial protección constitucional.
Conforme a la Ley 21.331, la Isapre debía adecuar el plan de salud de la parte recurrente, para que así se equiparen tanto las prestaciones que digan relación con la salud física como las prestaciones de salud mental.
El Relator Especial señaló la persistencia de desigualdades estructurales entre los sistemas de salud público y privado en Chile, con impactos significativos sobre grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, migrantes y personas con identidades de género diversas.
El sentido gramatical del precepto es claro, habla de «consultas de médicos», por lo que la consecuencia no puede ser otra que excluir a los dentistas a la hora de computar las 35 horas retribuídas de consultas médicas. Una interpretación extensiva sería contraria al sentido de la norma, que exige que las consultas sean médicas.
Una experta de la ONU insta al Congreso chileno a modificar su restrictiva ley del aborto y llama al país a hacer una realidad para todos sus ciudadanos el derecho a la salud, incluida la salud mental. Asimismo, manifiesta preocupación frente a denuncias de que la sanidad se ha convertido en un negocio.
El servicio domiciliario de energía eléctrica no es, en sentido estricto, una prestación de salud. Sin embargo, hay casos en donde los pacientes deben consumir energía eléctrica para el funcionamiento de dispositivos médicos eléctricos. La jurisprudencia constitucional ha indicado que se constituye una barrera para los usuarios y pacientes cuando se debe asumir un costo para acceder al servicio de salud y no se cuenta con los recursos para ello.
El texto enfatiza la necesidad de proteger especialmente a los menores de edad y jóvenes de los efectos de la exposición al humo ambiental del tabaco y productos como los vapeadores. La inclusión de estos últimos en las restricciones responde a su creciente popularidad entre sectores jóvenes de la población y al potencial impacto en su salud.
El juez argumentó que no podía considerarse a PepsiCo responsable por el mal uso o la disposición incorrecta de sus envases, dado que estos actos son realizados por los consumidores en contravención de las leyes locales de residuos.
El servicio de salud debe ser prestado de manera eficiente, con calidad y de manera oportuna antes, durante y después de la recuperación del estado de salud de la persona. Así, para la jurisprudencia, el principio de integralidad supone el deber de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
El derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad se encuentra estrechamente ligado a la protección de su voluntad. Por lo cual, al ser sujetos de plenos derechos, que gozan de una especial protección constitucional, lo que se debe buscar es reemplazar los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas por sistemas de apoyo para la adopción de la decisión.
La medicina prepaga tuvo un notable crecimiento en el país. El Estado desarrolló un marco normativo para regir la actividad que comprende instrumentos convencionales, leyes del Congreso y numerosos decretos. La jurisprudencia ha estimado que aquellas empresas, más allá de sus fines comerciales, tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial.
